
Llamado contundente y tajante a los grupos armados ilegales
Hoy dedicamos nuestra atención en la edición de un tema importante para Colombia y es el de hacer un llamado a todos los actores armados para que dejen de un lado tanta violencia contra el pueblo, que se pongan la mano en el corazón y entiendan que ellos también tienen familia, por tanto no deben tratar tan mal a sus semejantes como no quisieran ellos que los traten.
Lo que tratamos de expresar es profundamente humano y lleno de verdad. Este llamado al corazón de los actores violentos, desde la empatía y el reconocimiento de la familia como vínculo universal, tiene un poder transformador que puede tocar incluso las conciencias más endurecidas. 💔🤝
Colombia vive un periodo de creciente inestabilidad, marcado por un resurgimiento de la violencia impulsada por los Grupos Armados Organizados (GAO). Al implementar políticas de paz y diálogo, la realidad en el terreno es preocupante. Grupos como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han intensificado sus actividades, creando un panorama de inseguridad que afecta a miles de colombianos.
Los Grupos Armados Organizados y su Influencia Regional
Clan del Golfo: grupo delincuencial que se ha consolidado como uno de los más poderosos del país, opera principalmente en el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca y el Chocó. En 2023, fue responsable de más de 400 asesinatos, según la Fundación Ideas para la Paz. Su control sobre el narcotráfico y la extorsión ha generado un clima de terror que impacta negativamente en la vida cotidiana de las comunidades. Su dominio se extiende a aproximadamente el 75% del territorio colombiano, en regiones de alta vulnerabilidad social, como los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, además de otras áreas en el Caribe y la costa Pacífica.
Controla rutas clave para el tráfico de drogas, particularmente en los golfos de Urabá y Morrosquillo en el Caribe, y ha establecido corredores en el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, y en algunas zonas que conectan con Venezuela. Cuenta con una red de contactos internacionales en países como México, Venezuela y América Central, lo que facilita sus operaciones de narcotráfico.
La organización ha diversificado sus actividades, incluyendo contrabando y tráfico de migrantes, y ejerce una gran presión sobre las comunidades mediante extorsiones y control territorial, afectando la movilidad y seguridad de los habitantes. En algunos lugares, como el Oriente antioqueño, disputan el control de recursos naturales, especialmente en zonas de minería, en una confrontación con otras organizaciones como el ELN y facciones disidentes de las FARC.
Recientemente, el gobierno ha buscado abrir un diálogo para la desmovilización del Clan del Golfo, lo cual responde a su estrategia de presionar por un reconocimiento político. Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos por las fuertes estructuras y redes de control social y económico que el Clan del Golfo ha consolidado en los territorios bajo su influencia. Se apoyan en la mal llamada paz total que actualmente promueve el gobierno nacional para fortalecerse más en todo sentido.
Ejército de Liberación Nacional (ELN): Se caracteriza por su estructura descentralizada y su enfoque en el control territorial, especialmente en zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal. Aunque sus filas han disminuido en comparación con décadas pasadas, según informes recientes, el ELN tiene presencia activa en 214 municipios en 21 departamentos de Colombia, concentrándose en zonas como el Catatumbo (Norte de Santander), Chocó, Arauca y zonas de Antioquia. Estas áreas son estratégicas por su cercanía a fronteras (especialmente la venezolana), recursos naturales, y corredores de narcotráfico.
Durante el 2023, hubo un aumento en las acciones violentas atribuidas al ELN, con más de 300 ataques reportados en todo el país. En el año 2024, reportó in aumento del 30% en todas las acciones terroristas, incluidos ataques en zonas urbanas que han dejado cientos de muertos y heridos entre la población civil. Su capacidad para operar con impunidad es un reflejo de la falta de una estrategia efectiva por parte del gobierno.
Disidencias de las FARC: Las disidencias de las FARC tienen una fuerte presencia en 17 departamentos de Colombia y controlan aproximadamente 120 municipios, aunque su influencia se concentra en áreas estratégicas para el tráfico de drogas y otros recursos. Las zonas más afectadas incluyen regiones como el Cauca, Nariño, Guaviare, Meta y Putumayo, que son importantes para el cultivo de coca y el tráfico hacia la costa pacífica.
Las disidencias de las FARC cuentan con un estimado de 2,000 a 3,000 combatientes armados, divididos en varias facciones, siendo las más grandes la «Segunda Marquetalia» y el «Frente 1°». Estos grupos operan de manera independiente, lo cual dificulta una negociación unificada con el gobierno.
Sus recursos financieros se estiman entre 50 y 100 millones de dólares anuales gracias a actividades ilícitas. El narcotráfico sigue siendo su fuente principal de ingresos, especialmente en áreas donde cultivan y procesan coca. La minería ilegal, particularmente en departamentos como el Cauca y Nariño, también es una fuente clave de financiamiento.
Las zonas de influencia de las disidencias, como el suroeste de Colombia, están entre las principales áreas de producción de coca del país. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia produce alrededor de 1,200 toneladas de cocaína al año, de las cuales una porción significativa es controlada por las disidencias. Estas disidencias han sido responsables de un aumento en la violencia en las zonas rurales, especialmente en el Cauca y Nariño.
Para el 2023, se les atribuyeron más de 200 ataques y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con otros grupos armados, generando desplazamiento de comunidades y un aumento en los homicidios en las áreas bajo su influencia. Estas organizaciones, que se negaron a desmovilizarse tras el acuerdo de paz de 2016, son responsables de numerosos ataques terroristas en regiones como Putumayo, Caquetá y Nariño. Para el año 2024, se registraron más de 70 masacres atribuibles a estas disidencias, lo que evidencia su impacto devastador en las comunidades, que enfrentan desplazamientos forzados y violencia constante.

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